Las empresas peruanas tienen hasta el 15 de febrero de 2024, para la presentación del informe anual del Oficial de Cumplimiento. Este informe, más que una formalidad administrativa, es una herramienta en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Leonardo Jara, gerente de Servicios Tributarios y Legales de PwC Perú detalla que el oficial de cumplimiento es la persona natural, con nivel de gerente, designada por el sujeto obligado, responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del SPLAFT del sujeto obligado.
Es la persona de contacto entre el sujeto obligado y la UIF para el ejercicio de la labor de control y supervisión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Splaft).
El oficial de cumplimiento depende estructuralmente del Directorio, pero es independiente en sus funciones. Debe reportar periódicamente al presidente del directorio o al gerente general, en su defecto.
Daniel Ramos, socio del área Compliance y Penal en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría explica que el Reglamento de la Ley Nº 27693 estipula que la UIF tiene autoridad para establecer y coordinar infracciones y sanciones relacionadas con el incumplimiento en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
No presentar el reporte constituye una infracción grave, eso significa que las multas para:
Multa Mínima Multa Máxima
Persona Natural 0.50 UIT 6 UIT
Soles S/ 2575 S/30.90
Persona Jurídica 2 UIT 20 UIT
Soles S/10,300 S/ 103,000
La multa se puede reducir si se subsana el incumplimiento antes que inicie el procedimiento sancionador si se presento fuera de plazo. también que se reduce la multa antes de que se venza el plazo para impugnar la sanción y nos desistimos de cuestionarla, esto no funciona si eres reincidente.
